"Los esbirros"

Si un(a) agente es políticamente útil no es significativo que sea éticamente reprochable.  Estos son los esbirros.

EL ROSTRO INFANTIL DE LA POBREZA EN BOLIVIA

Bolivia continúa siendo el país Latinoamericano con mayor pobreza.  Y dentro de este escenario, según datos del 2016, proporcionados por el BID la pobreza infantil triplica a las de los adultos en la región.  Los indicadores de extrema pobreza de las zonas rurales, no contrastan con el de las áreas urbanas.

Según el último Censo de 2012, más del 44% de la población corresponde a grupos etarios de 0 a 14 años, vale decir niños y adolescentes.  Y de acuerdo a datos de la organización Humanum, 6 de cada 10 niños se hallan en situación de pobreza.

Según Humanum sobre la vulnerabilidad de la población de niños adolescentes de Bolivia, los efectos de  “la pobreza que afecta su calidad de vida, el acceso al agua potable, a la educación, la falta de políticas que garanticen el cumplimiento de los lineamientos establecidos en la Constitución y el nuevo Código sobre la niñez”.   

Estos indicadores, deberían ser la base para que el gobierno diseñe políticas, que garanticen mejoras en la calidad de vida de los niños y adolescentes del país.  Esto significa, atacar las razones reales, por las que las niñas y niños siguen siendo los más pobres, es lo que podríamos llamar una gestión eficiente de los recursos y la medida de la eficacia de la atención del gobierno en orden prioritario de las necesidades de la población.

Medidas como la instalación de oficinas de atención con profesionales sin especialidad, con baja paga e insuficiente infraestructura para atender a las “víctimas”, así como la instalación de números gratuitos para llamadas de auxilio, contrariamente a contribuir en la eliminación de la violencia contra los niños y adolescentes, la incrementan, porque ensayan con las víctimas, porque las revisctimizan, porque así refuerzan el círculo de violencia.

Las oficinas de atención a víctimas de violencia, números gratuitos para llamadas de auxilio, deben entenderse como actividades complementarias a procesos e intervenciones estructurales de eliminación de la pobreza de niños y adolescentes de nuestro país.  Sin embargo, todos aplauden estas pálidas señales reforzando la mediocridad del gobierno y de las organizaciones, ocupadas en el activismo por el protagonismo.

La vulneración de los derechos de la niñez en Bolivia, entonces tiene sus raíces en la desatención, la omisión del gobierno central, la falta de coordinación e implementación de políticas para hacer prevalecer los derechos de los niños, como su acceso a la salud y de la educación de calidad, el derecho a ambientes saludables para su desarrollo, con servicios básicos y  espacio suficiente para que pueda desarrollarse emocional, social y afectivamente.  Garantizar el acceso a agua potable y alimentos saludables que contribuyan en su desarrollo integral.

Los niños y los adolescentes no son vulnerables por su condición, sino porque viven en sociedades injustas (inequitativas), donde se les obliga a aportar económicamente en los ingresos familiares, por la falta de empleo de los padres.

Se suma a este panorama la precariedad de los ingresos generados por madres solteras, familias jefaturizadas por padres con bajos niveles de escolaridad, desigualdad del salario entre hombres y mujeres, el desempleo y el subempleo.

La corrupta administración de la justicia, no es ajena a este contexto, descuidando su función de garantizar una aplicación oportuna de las leyes laborales y la omisión de la propia cartera de gobierno, cabeza de sector como es el Ministerio de Trabajo.

A esto, se añade el escaso e impreciso apoyo al emprendedurismo  y acceso a créditos para iniciativas productivas de las mujeres, principalmente de quienes son cabeza de familia.

Los factores señalados, al final se convierten en las condiciones más adversas para garantizar la seguridad de las niñas, niños y adolescentes.  Conformando una cadena de situaciones que derivan en violencia física y psicológica, violaciones, infanticidios y otros actos criminales cuyas víctimas son las niñas niños y adolescentes.

El deterioro incesante de los valores humanos, de quienes deberían conformar el círculo de protección de las niñas, niños y adolescentes, apunta al pisoteo de los derechos humanos. Principalmente por gobiernos que olvidan su verdadera función de promover sociedades sanas, libres de violencia, con educación, con servicios básicos, con salarios justos, y administración efectiva de las leyes.  Esta sociedad del sálvese quien pueda, obviamente pone en desventaja a los más débiles, esta vez a los niños.

UN SERVICIO DE TORTURA PÚBLICA

La Paz, lunes de mañana invernal, no ha terminado de bostezar y beber su primer sorbo de café y ya tiene ante sí calles casi desérticas ausente del tránsito de todo servicio de transporte motorizado. En las aceras los pasos apresurados de niños con uniformes, oficinistas y estudiantes universitarios transeúntes mañaneros. Esquinas con ocupantes cotidianos, el canillita que no termina de acomodar los periódicos y las llaucheras.

Entre los promontorios de basura acumulada del fin de semana, palomas y perros luchan por tomar el bocado matutino, una paloma aletea y sacude la cabeza desesperada por deshacerse de una bolsa de plástico…

Me aproximo a un radiotaxi y le indico la dirección, con voz autoritaria a manera de respuesta, la sentencia: “No hay paso”, sin esperar mayor explicación prefiero buscar otro medio de transporte y mi día ha comenzado…

Más allá de intentar llegar a mi destino, en mi mente busco una respuesta, esta me lleva a otra y otra interrogante, no logro llegar a conclusión alguna, porque donde busco me encuentro con otra interrogante más grande aún y me resisto a la angustia...

Finalmente llegamos, luego de un tour ofrecido por mi conductor, justificando su pericia en el volante porque debe esquivar “puntos de bloqueo”. Debo agradecer el servicio, el paseo, el discurso antiusuarios, el frío de la ventanilla que no cierra con un pago que no se justifica.

Me encuentro entonces con que las clases fueron suspendidas, al igual que los niños cabizbajos que vi salir de los colegios que encontré en mi ruta, al igual que las ensombrecidas siluetas de oficinista, estudiantes, trato de respirar agradecida el aire matutino, tomo el respiro necesario que hace falta para protestar, ejercer mi derecho a denunciar a rechazar, lo que considero es abusivo y violento.

-Esta normalización cotidiana de la violencia de transportistas y servidores públicos incapaces, que me resisto a masticar y deglutir. Identifico entre los primeros a los empresarios privados del volante, que han monopolizado el transporte, y ahora se han convertido en dueños de la circulación en calles y avenidas, lo que constituye la vena de funcionamiento de la ciudad. Y sí a los segundos por su improvisación, falta de oportunidad y mala administración de los recursos económicos en interminables, costosos y mediocres estudios. El orden de ambos factores no importa, ambos igual de irresponsables y dañinos. Y donde estará la fuerza del orden público?

He buscado sin dar con algún dato fidedigno, que nos muestren cuánto daño económico provocan estos “bloqueos”, que no son sólo de calles y avenidas, y perjudican el normal desarrollo de clases universitarias, escolares, el servicio bancario, pone en riesgo la salud, la seguridad, además visiblemente reproduce la cultura de violencia callejera con sendas demostraciones de atropello a transeúntes, conductores privados, que aterrorizados por las piedras, logran sortear los obstáculos. Quién le pone una cifra, un dato al daño psicológico derivado de la protesta de estos empresarios? Hablando de servidores, a alguna instancia pública se le habrá ocurrido estudiar, reflexionar y proponer medidas en un verdadero servicio a la colectividad?

Ser ciudadano moderno viene aparejado a convertirse en esclavos de los servicios, escasamente podemos sobrevivir sin estos “supuestos servicios” y sin los servidores públicos, a quienes financiamos sus sueldos, pagamos sus cómodas sillas de escritorio y financiamos sus infértiles gastos. Habrá que pensar qué hacer en este escenario con tendencia a recrudecer. Que reproduce a la vez se alimenta de ciudadanos dóciles, silenciosos,… anómicos.

La ciudad una vez más ha sido paralizada por las más de 35 mil minibuses y vaya uno a saber cuántos micros y colectivos del año 50 y 70. Dueños de más de la mitad del servicio público paceño. Y ahora soberanos de nuestro libre tránsito, dueños de nuestra libertad de trasladar a nuestros centros de trabajo, estudio o producción. Dueños de la vida de centenares de ancianos que deben trasladarse diariamente a los centros de salud por su fisioterapia o sus dolencias, y porque en épocas invernales, los niños y los ancianos son los más afectados, y hoy porque a los dueños de sus vidas se les ocurrió decir “no circula” deben aguantar sus dolencias.

Y una vez más, estos servidores, cómodamente sentados en sus oficinas de los gobiernos y que esperan sus salarios por un trabajo inexistente, como todos los días se han estornudado en la gente, no porque tengan una afección respiratoria, sino por su insensibilidad, falta de compromiso con la gente y por su enorme incapacidad. Porque este problema no es reciente y con el crecimiento de las ciudades la incesante y desmejorada situación del ciudadano dependiente.

La ciudades, principalmente las más urbanizadas obviamente tienen clara tendencia a colapsar por el transporte y agudiza su situación por las politizadas e infructuosas soluciones. Por lo tanto la salida cómoda, no reside en el control el pasaje, mejora de asientos, poner un guardia en cada minibús o que el conductor tome una ducha o se cambie de calcetines diariamente. Por la magnitud del problema al que ha alcanzado, estas medidas a estas alturas son de maquillaje.

Por datos disponibles del GAMLP el incremento de minibuses entre el 2000 y el 2010 ha sido del 137%. Podría asegurar que en su mayoría favorecidos por el libre ingreso de motorizados descartados en otros países y cuya basura nos llega para adaptarse como servicio de tortura pública, llamado transporte. Este monopolio controlado por empresarios privados, está controlando dañinamente la ciudad minando la economía, nuestra educación, la necesaria sostenibilidad productiva, la salud y el medio ambiente y éstos son los puntos estratégicos de los que se debe partir para cualquier solución.