Bolivia
continúa siendo el país Latinoamericano con mayor pobreza. Y dentro de este escenario, según datos del
2016, proporcionados por el BID la pobreza infantil triplica a las de los
adultos en la región. Los
indicadores de extrema pobreza de las zonas rurales, no contrastan con el de
las áreas urbanas.
Según
el último Censo de 2012, más del 44% de la población corresponde a grupos etarios
de 0 a 14 años, vale decir niños y adolescentes. Y de acuerdo a datos de la organización Humanum,
6 de cada 10 niños se hallan en situación de pobreza.
Según
Humanum sobre la vulnerabilidad de la población de niños adolescentes de
Bolivia, los efectos de “la
pobreza que afecta su calidad de vida, el acceso al agua potable, a la
educación, la falta de políticas que garanticen el cumplimiento de los
lineamientos establecidos en la Constitución y el nuevo Código sobre la niñez”.
Estos
indicadores, deberían ser la base para que el gobierno diseñe políticas, que
garanticen mejoras en la calidad de vida de los niños y adolescentes del
país. Esto significa, atacar las razones
reales, por las que las niñas y niños siguen siendo los más pobres, es lo que
podríamos llamar una gestión eficiente de los recursos y la medida de la
eficacia de la atención del gobierno en orden prioritario de las necesidades de
la población.
Medidas
como la instalación de oficinas de atención con profesionales sin especialidad,
con baja paga e insuficiente infraestructura para atender a las “víctimas”, así
como la instalación de números gratuitos para llamadas de auxilio,
contrariamente a contribuir en la eliminación de la violencia contra los niños
y adolescentes, la incrementan, porque ensayan con las víctimas, porque las
revisctimizan, porque así refuerzan el círculo de violencia.
Las
oficinas de atención a víctimas de violencia, números gratuitos para llamadas
de auxilio, deben entenderse como actividades complementarias a procesos e
intervenciones estructurales de eliminación de la pobreza de niños y adolescentes
de nuestro país. Sin embargo, todos
aplauden estas pálidas señales reforzando la mediocridad del gobierno y de las
organizaciones, ocupadas en el activismo por el protagonismo.
La
vulneración de los derechos de la niñez en Bolivia, entonces tiene sus raíces
en la desatención, la omisión del gobierno central, la falta de coordinación e
implementación de políticas para hacer prevalecer los derechos de los niños,
como su acceso a la salud y de la educación de calidad, el derecho a ambientes
saludables para su desarrollo, con servicios básicos y espacio suficiente para que pueda
desarrollarse emocional, social y afectivamente. Garantizar el acceso a agua potable y
alimentos saludables que contribuyan en su desarrollo integral.
Los
niños y los adolescentes no son vulnerables por su condición, sino porque viven
en sociedades injustas (inequitativas), donde se les obliga a aportar económicamente
en los ingresos familiares, por la falta de empleo de los padres.
Se
suma a este panorama la precariedad de los ingresos generados por madres
solteras, familias jefaturizadas por padres con bajos niveles de escolaridad, desigualdad
del salario entre hombres y mujeres, el desempleo y el subempleo.
La
corrupta administración de la justicia, no es ajena a este contexto, descuidando
su función de garantizar una aplicación oportuna de las leyes laborales y la
omisión de la propia cartera de gobierno, cabeza de sector como es el Ministerio
de Trabajo.
A
esto, se añade el escaso e impreciso apoyo al emprendedurismo y acceso a créditos para iniciativas
productivas de las mujeres, principalmente de quienes son cabeza de familia.
Los
factores señalados, al final se convierten en las condiciones más adversas para
garantizar la seguridad de las niñas, niños y adolescentes. Conformando una cadena de situaciones que
derivan en violencia física y psicológica, violaciones, infanticidios y otros
actos criminales cuyas víctimas son las niñas niños y adolescentes.
El
deterioro incesante de los valores humanos, de quienes deberían conformar el círculo
de protección de las niñas, niños y adolescentes, apunta al pisoteo de los
derechos humanos. Principalmente por gobiernos que olvidan su verdadera función
de promover sociedades sanas, libres de violencia, con educación, con servicios
básicos, con salarios justos, y administración efectiva de las leyes. Esta sociedad del sálvese quien pueda,
obviamente pone en desventaja a los más débiles, esta vez a los niños.
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